La Procuraduría General de la Nación aclaró que no existe ninguna conciliación en curso con la compañía española Sociedad Interamericana de Aguas y Servicio - Inassa-, ni tampoco un principio de acuerdo para la firma de un pacto de cumplimiento, que ponga fin a la acción popular interpuesta en defensa de la moralidad y el patrimonio público en la Triple A.

Inassa el pasado 13 de mayo presentó a la entidad una comunicación denominada “Ofrecimientos, términos y condiciones de un proyecto de Pacto de Cumplimiento”.

Para evaluar el documento y formular recomendaciones el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, creó una agencia especial integrada por los procuradores delegados para la Conciliación Administrativa, el Ministerio Público en Asuntos Penales y Primero de Contratación Estatal.

"La Procuraduría en defensa de la legalidad, del patrimonio público y del derecho colectivo de los barranquilleros y los usuarios de la Triple A en el Caribe a acceder a la oportuna y eficiente prestación de los servicios públicos, analizará la propuesta presentada por Inassa y fijará su posición, que será de conocimiento de la opinión pública", señaló el Ministerio Público.

La Procuraduría requirió a la Superintendencia de Servicios Públicos una vigilancia especial para evaluar e informar a la ciudadanía y a los órganos de control sobre el estado, oportunidad, cobertura y eficiencia en la prestación de los servicios públicos por parte de la Triple A de Barranquilla, actualmente administrada por la Sociedad de Activos Especiales - SAE.

Así mismo, conminó a la Administración de la Triple A y a la SAE, como depositaria de las acciones de INASSA en Triple A, para que adopten los procedimientos, códigos de ética, manuales, directrices y demás instrumentos de gestión que permitan una administración eficaz y transparente, con buenas prácticas y procedimientos para evitar riesgos de corrupción.

La Procuraduría también requirió a la Administración del Distrito de Barranquilla para que informe a la ciudadanía y a los órganos de control sobre su política, acciones y propuestas para defender la inversión pública que tiene en Triple A, postura que además analizará el órgano de control con los representantes legales y delegados del Distrito en los órganos corporativos de la Triple A.

Para la Procuraduría la propuesta de INASSA no podrá impedir, dilatar o entorpecer el desarrollo de las investigaciones en contra de los servidores públicos que hubieren incurrido en actos de corrupción en la empresa Triple A.

El Ministerio Público exhortó al Canal Extensia de Madrid y a Inassa para que desde la institucionalidad se coadyuve el desarrollo de las investigaciones, la búsqueda de la verdad y la sanción de quienes se beneficiaron indebidamente de los recursos de la empresa.